Marco Tulio Córdoba Suarez, alias J o Jair Guerra, responsable de la muerte de por lo menos 16 integrantes de la Fuerza Pública entre militares y policías, así como de causar heridas graves a otros seis integrantes del Ejército Nacional, fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario luego de aceptar cargos por los delitos de rebelión, terrorismo y homicidio agravado.
Junto a alias Jair Guerra también fue capturada Diana Marcela Marín Martínez, alias La Tata, por integrantes de la Dirección Especializada de Policía Judicial de Crimen Organizado – PCO, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, en el municipio de El Paujil (Caquetá).
En la investigación adelantada se estableció que Córdoba Suárez se desempeñaba como cabecilla de inteligencia del frente 15 José Ignacio Mora de las Farc, mientras que Marín Martínez era integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del mismo frente.
A los hoy capturados se les sindica de haber ejecutado los siguientes actos terroristas:
En junio de 2012 en el municipio de La Montañita (Caquetá), habrían atacado una patrulla de la Policía Nacional, en la que perdieron la vida dos patrulleros de la institución, una civil, y resultaron heridos dos menores de edad.
También, en febrero de 2013 sostuvieron un combate armado contra el Ejército Nacional en la vereda Agua Blanca en el municipio de Milán (Caquetá), que dejó como consecuencia un suboficial y siete soldados profesionales muertos, así como otros seis militares heridos.
En diciembre de 2013 en el mismo municipio de La Montañita, mediante plan pistola habrían asesinado a dos soldados.
Por otra parte, en enero de 2014 atacaron la estación de Policía del municipio de Milán (Caquetá) y mediante plan pistola asesinaron a un patrullero.
De este modo, la Dirección Especializada de Policía Judicial de Crimen Organizado – PCO, dando cumplimiento a los propósitos y lineamientos de la entidad, continúa en el 2015 adelantando las actuaciones de Policía Judicial tendientes a investigar las conductas punibles realizadas por estructuras, redes delincuenciales y aparatos organizados de poder, que atenten o pongan en peligro bienes jurídicos individuales o colectivos relacionados con la seguridad pública, la vida e integridad personal, el patrimonio, el orden económico y social, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública entre otras garantías, de todas las personas dentro del territorio nacional.
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