En las audiencias concentradas el fiscal del caso corrió traslado del escrito de acusación en contra del hoy imputado.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al abogado Luis Antonio Caiza Córdoba, de 62 años, como presunto responsable de maltratar y amenazar a su compañera permanente en Cali (Valle del Cauca).
Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y decidió enviar a la cárcel al abogado Caiza Córdoba, quien fue capturado con orden judicial por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cali y la Policía Nacional. La Fiscalía también corrió traslado del escrito de acusación en su contra.
De acuerdo con la investigación, el hoy imputado habría incurrido en dicha conducta ilícita desde el 2019, tiempo desde el cual convivió con la víctima a quien, presuntamente, le enviaba mensajes de texto y audios con mensajes e improperios, dentro de un contexto de violencia basa en el género, en la que, además, al parecer, ejercía actos de control apoderándose de las decisiones de su expareja.
Dicha situación fue corroborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicando que la violencia era crónica, de tipo físico, patrimonial, económica, social y sexual, dentro del ámbito público y privado.
Con labores de policía judicial se recaudaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron a la Fiscalía establecer que el maltrato y las agresiones, al parecer, se extendieron hasta el pasado mes de mayo, durante una diligencia a la cual habían sido citados la víctima y el presunto implicado.
En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos al capturado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, por lo que el juez decidió que Caiza Córdoba debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
