Los procesados habrían realizado videos en los que evidenciaban cómo torturaban a las víctimas.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Luis Hernán Pérez Montoya, Leyder Rodríguez y Andrés Felipe Hurtado Quina, presuntamente implicados en el secuestro extorsivo de varios ciudadanos, a quienes además habrían sometido a torturas.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de febrero en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca) donde, presuntamente, permanecieron secuestrados tres hombres quienes habrían sido engañados con falsas promesas de trabajo. Por su liberación exigían 20 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cali imputó a los procesados los delitos de secuestro extorsivo, tortura y porte ilegal de armas de fuego. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados dan cuenta de que los investigados habrían mantenido a las víctimas amarradas. También, se cree, enviaron a las familias videos en los que se evidenciaba cómo las personas eran sometidas a tratos crueles y degradantes.
En un operativo conjunto, realizado el pasado 15 de febrero, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ejército y Policía Nacional capturaron en flagrancia a los hoy imputados. En los procedimientos se incautó de un arma de fuego, munición 9 mm, 1 chaleco antibalas, 5 memorias USB y 4 celulares, entre otros elementos. Las víctimas fueron liberadas por las autoridades.
Ninguno de los tres imputados aceptó los cargos.
MASP/DSC/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
