Elementos de pruebas aportados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fueron suficientes para que un juez penal profiriera medida de aseguramiento contra tres personas, presuntamente, responsables de los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones.
La decisión judicial cobijó a Arnulfo Antonio Camacho Estupiñán, Josefa Inés Marín Sarmiento y a Deinis David Moreno Oviedo quienes están siendo judicializados por hechos sucedidos el pasado 25 de julio en la isla Bocachica, ubicada en inmediaciones de la capital de Bolívar.
De acuerdo con la investigación estas personas, al parecer, se encontraban amedrentando con arma de fuego a los habitantes del barrio Sinaí de ese corregimiento manifestando ser integrantes de la organización ilegal del Clan del Golfo.
La Policía Nacional que fue alertada de la situación se acercó hasta el lugar y logró capturar a los tres procesados, a quienes les encontraron en su poder, 1 pistola calibre 9 mm, 1 proveedor con 15 cartuchos, 1 revólver Trademark, 2 cartuchos calibre 38, 25 cartuchos calibre 9 mm, sin permiso oficial.
Igualmente, les fue incautada 1 motocicleta sin placa y sin una documentación que acreditara su legalidad.
Durante las audiencias de control de garantías ninguno de los supuestos implicados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía. Por disposición del juez del caso los dos hombres deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Marín Sarmiento cumplirá la detención preventiva en su domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/MAGA/RA/DSB
La Fiscalía General habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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