Suplantar a funcionarios de la Policía Nacional o de otros organismos sigue siendo la modalidad más alta de extorsión en Ibagué.

Jhonathan Sneyder Martínez Lasso, Rubier Francisco Lozano Amórtegui y Diana Carolina Ortiz Cepeda fueron privados de la libertad en la Cárcel Coiba Picaleña de Ibagué por una investigación que un fiscal delegado ante el Gaula de la Seccional Tolima les sigue, por el delito de extorsión agravada que ninguno aceptó haber cometido.

Jhonathan Sneyder Martínez Lasso, Rubier Francisco Lozano Amórtegui y Diana Carolina Ortiz Cepeda fueron privados de la libertad en la Cárcel Coiba Picaleña de Ibagué tras ser judicializados por extorsión agravada.

En lo que respecta a Ortiz Cepeda se le imputó además el punible de tentativa de extorsión.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en mayo del año pasado cuando las personas hoy procesadas reclamaron giros producto de la presunta extorsión vía telefónica a una mujer a quien falsos funcionarios de la Policía Nacional le hicieron creer que su hijo estaba en problemas y por ello debían girar ciertas cantidades de dinero a nombre de los asegurados.

Las víctimas de extorsión bajo la modalidad de ‘falso familiar’ o ‘tío-tío’ habrían sido constreñidas para enviar sumas que oscilaron entre los 3 los 15 millones de pesos.

Actividades investigativas permitieron demostrar que las llamadas en las que suplantaron tanto al funcionario público como al familiar, salieron desde la cárcel de Ibagué.

La Fiscalía habla con resultados.

PAAM/CFG/KLRO

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.