Un fiscal local en el municipio de Arjona (Bolívar) solicitó ante un juez de control de garantías de esa población, medidas de aseguramiento para seis personas que estarían involucradas en diferentes delitos ocurridos en esa población.
El primer caso está relacionado con hechos acontecidos el 30 de marzo pasado en el corregimiento de Puerto Badel, jurisdicción de Arjona, donde fueron capturados los hermanos Andrés, Jorge Mario y Jhon Bairo Rodríguez Marimón; además de Alejandro José Quintero Acevedo quienes habrían hurtado activos de una empresa de exportación de pescado.
La captura de los procesados fue realizada por la Policía Nacional cuando estos se desplazaban en una canoa y llevaban consigo 128 kilos de camarón que habrían sido sacados ilegalmente del establecimiento comercial. Al momento de la detención fue incautada un arma de fuego portada sin los permisos legales.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego en concurso con hurto calificado agravado.
En otro hecho, la Policía Nacional capturó a Eliecer Antonio Mosquera Monroy y a Oscar David Palencia Terán en momentos en que huían portando un arma de arma de fuego sin los permisos de ley.
Este hecho se presentó el pasado 23 de marzo en la vía que conduce de Arjona al corregimiento de Las Piedras. Según se pudo constatar los hombres habrían disparado contra la policía cuando fueron requeridos para un procedimiento de rutina. Durante el operativo fue incautado un revólver calibre 38 con 13 cartuchos.
Los procesados serán trasladados a la cárcel Ternera de Cartagena para que cumplan la detención intramural.
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DSB/MEVA/MAGA/LEO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.





