Ante la contundencia del material probatorio aportado por un fiscal especializado de la Seccional Arauca, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros contra dos mujeres, al parecer, integrantes de un grupo delincuencial implicados en extorsiones ordenadas desde la cárcel de mediana seguridad El Barne, ubicada en Cómbita (Boyacá).

Se trata de Norida Leonor Pinto Garrido y Genoveva Rincón Cárdenas, judicializadas por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones en enero reciente a través de un mensaje de texto al representante del grupo venezolano de música llanera Los Antillanos, fueron contratados para una presentación en el municipio de Puerto Rondón (Arauca). Al llegar a la capital Araucana el 24 de enero son recibidos por Pinto Guerra, quien les informa que el toque es para un grupo guerrillero.

A los 10 integrantes del grupo los despojan de sus celulares por seguridad, los trasladan hasta el municipio de Tame (Arauca), donde los hospedan y les solicitan los datos de sus familiares y números telefónicos para poderse comunicar con ellos por si pasaba algo.

La fiscalía en la investigación estableció, que las procesadas, se habrían comunicado con las familias de los músicos a quienes les exigieron la suma de 1.500 dólares o 6 millones equivalente en pesos colombianos, a cambio de respetarles la vida, mientras ellos se encontraban hospedados en un hotel de Tame, hasta el 25 de enero cuando se enteran de que habían pagado la suma de 24 millones de pesos en efectivo y 6 millones más a través de una consignación. Dinero que, al parecer, fue recibido por las procesadas.

Las dos mujeres fueron capturadas este 4 de septiembre en Arauca (Arauca) y Villavicencio (Meta) por uniformados de la Policía y Ejército Nacional.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

MPHA/FAGH/HMCR/DSA

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.