Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro mujeres y seis hombres, presuntos responsables de comercializar estupefacientes, en pequeñas dosis, en el puerto fluvial y asentamiento urbano de Arazá, en San José del Guaviare (Guaviare).

capturados de frente custodiados por uniformados de la Policía y del Ejército Nacional. Detrás banner de la Policía Nacional. Delante de los capturados mesa con material incautado.
Capturados fueron imputados por tráfico de estupefacientes.

Un fiscal de la Seccional Guaviare les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Los procesados no aceptaron los cargos.

Estas personas vendían los estupefacientes, como marihuana y bazuco, en un punto fijo y a domicilio, simulando ser trabajadores del puerto fluvial.

Durante el desarrollo de seis diligencias de allanamiento y registro, realizadas en Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare, servidores de la Policía y el Ejército Nacional capturaron a Yuli Mariela Dueñas Arango, Ingrid Vanesa Tirado Silva, Elena Rodríguez Ramírez, María Luisa Pinzón Ortiz, Álvaro Arley Córdoba Márquez, Víctor Alfonso Arias, Fredy Andrés Mendoza Sánchez, Emmanuel Forero Muñoz, Santiago Ramón Maldonado Romero y Yohanfre Yuwilian Vargas Amaro.

Además, se logró la incautación de más de 600 dosis de estupefacientes, un arma traumática, 11 celulares, elementos para la dosificación y dinero en efectivo.

PYMP/LMFO/AMCJ/ICLH/DSG

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.