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Aseguradas cuatro personas por tráfico de estupefacientes en el municipio de Arauca (Arauca)

Por solicitud de la Fiscalía General Seccional Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Esteban de Jesús Ramírez Pérez, Vianny Rafael Torrealba Segovia, Silvia Alvarado Suárez y José Luis Arias Atencio.

Los procesados fueron capturados mediante diligencias de allanamiento y registro en diferentes sectores del municipio de Arauca (Arauca)

En un trabajo articulado entre CTI, Policía Nacional y Armada Nacional en cinco diligencias de allanamiento y registro a residencias ubicadas en los asentamientos Lagunitas, Jerusalén, Pescadito y Puerto Alegre, se logró este 23 de marzo la captura en flagrancia de los procesados, judicializados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la investigación, y el material probatorio recolectado a través de agente encubierto, búsqueda selectiva en base de datos, inspecciones judiciales labores de vecindario, la Fiscalía evidenció que los procesados presuntamente harían parte de un grupo delincuencial que se dedicaría al expendio y comercialización de estupefacientes en zona urbana y rural de la capital araucana.

Durante los procedimientos de policía judicial fueron incautados una pistola traumática, un proveedor, cinco cartuchos, sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína), dos teléfonos celulares y 82.000 pesos en efectivo.

Finalizadas las audiencias los indiciados no aceptaron su responsabilidad y el juez ordenó su detención en la cárcel municipal de esta ciudad.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

MPHA/CFG/JFEL

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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