Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a María Fernanda Agudelo Betancur, por su presunta responsabilidad en el secuestro de un menor de edad de 10 meses de nacido, en Sabaneta (Antioquia).

Según la información obtenida por servidores del Gaula de la Policía Nacional, la madre de la víctima pidió ayuda para su hijo, por medio de redes sociales, por falta de recursos económicos. Ante esta petición, Agudelo Betancur se ganó la confianza de la mujer y le regaló ropa y posteriormente le solicitó que le permitiera llevar a pasear al menor de edad.

El pasado 7 de junio, la presunta victimaria, aprovechando la confianza depositada, se llevó al niño para una supuesta celebración de un cumpleaños. La mamá del bebé se comunicó en varias ocasiones y la procesada le entregó excusas para no devolverlo.

Agudelo Betancur, sin el consentimiento de la madre y ocultando su paradero, llevó al menor de edad a un hospital porque tenía fiebre. En el centro médico presentó un registro civil a nombre de otro niño, registrado como su hijo.

Personal del hospital, en su tarea de averiguar y proteger los menores de edad, advierten que la identificación entregada al ingreso no correspondía al niño y que en la base de datos compartida por otras autoridades se encontraba anulada.

Por lo anterior, un fiscal destacado ante el Gaula Medellín la imputó por el delito de secuestro simple agravado. La procesada no aceptó cargos.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.