Son señalados de gestionar varios retiros de dinero de las cuentas de la Alcaldía de Bajo Baudó.
Los presuntos responsables de una maniobra ilegal para quedarse con recursos de la sobretasa a la gasolina en Chocó quedaron en evidencia gracias a las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación contra varios focos de corrupción detectados en el departamento.
En ese sentido, se estableció que la exgerente de una sucursal bancaria en Quibdó (Chocó), Silvia del Carmen Hinestroza Palacios; y un particular, identificado como Eduard Andrés Moreno Córdoba, habrían tramitado de manera fraudulenta retiros por algo más de 724 millones de pesos de las cuentas de la Alcaldía de Bajo Baudó (Chocó), entre 2022 y 2024.
La extrabajadora bancaria es señalada de aprovechar el cargo para expedir formatos de autorización de retiro de dinero por caja, los cuales presuntamente utilizó Moreno Córdoba para retirar en cinco oportunidades entre 43 y 200 millones de pesos que hacían parte de lo recaudado en Bajo Baudó por concepto de sobretasa a la gasolina.
De esta manera, al parecer, evadieron los filtros de seguridad y de verificación de la entidad financiera, y los titulares de la cuenta no se dieron cuenta de los movimientos de dineros ni de las cuantías.
En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó les imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado.
Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.
JLH/AMCJ/JARG/DSC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
