Fue judicializada como presunta responsable del homicidio de una de sus parejas, y es investigada por el crimen de otras dos y las lesiones que le generó a su hermano.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a Sandra Tatiana Mosquera Mosquera en la muerte de tres de sus compañeros sentimentales y en el ataque con arma cortopunzante a su hermano.
Inicialmente, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del crimen de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en Anserma (Caldas). Por este hecho, un fiscal seccional la imputó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios indican que la víctima salió de jugar billar y se fue al lugar de residencia de Mosquera Mosquera. Días después, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas.
En el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió en un millón de pesos.
Los otros dos tres eventos delictivos en los que habría participados la hoy procesada ocurrieron en Pereira y Santuario (Risaralda).
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
