Se trata de Katerine Andrea Martínez Martínez, quien fue imputada por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y uso de menores de edad para la comisión de un delito.
En atención a los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Katerine Andrea Martínez Martínez, quien habría participado en la planeación y ejecución del ataque armado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.
La mujer, de 19 años, presuntamente asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado; trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, y en compañía de otras personas estuvo en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo.
Asimismo, hay evidencias que dan cuenta de su posible presencia en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades.
Martínez Martínez fue capturada en un procedimiento conjunto realizado con la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá). Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de un delito. Los cargos no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
