Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Luz Marina Herrera Mendoza, alias Marina, por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico.
Según las investigaciones adelantadas por una fiscal seccional, la mujer habría amenazado a los testigos del proceso adelantado en contra de su compañero sentimental William Perez Contreras, presunto cabecilla del grupo armado organizado residual E-33, quien al parecer sería el responsable del homicidio del aspirante a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander), Bernardo Betancourt Orozco, ocurrido el 15 de septiembre de 2019.
El asesinato sucedió cuando se encontraba en compañía de su esposa, mientras adelantaba actividades propias de la campaña electoral en el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú (Norte de Santander). Allí fue atacado con arma de fuego por varios hombres.
También, el ente acusador evidenció que la investigada era la encargada de la administración de los laboratorios para el procesamiento de narcóticos de dicho grupo ubicados en el corregimiento de La Gabarra.
La mujer fue capturada en un operativo conjunto entre la Policía Nacional-Dijín este 23 de julio en zona céntrica de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
En el desarrollo de las audiencias concentradas la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue enviada a la cárcel modelo de esta ciudad, para cumplir la medida impuesta por el juez.
La Fiscalía General hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/DATO/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
