La Juez 30 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, acogiendo la petición de la Fiscalía 23 de Lavado de Activos cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Luis Enrique Ramirez Murillo, alias Micky Ramírez, Carlos Alberto Bustos Rodríguez, y Daymer Barbosa, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y lavado de activos.
En desarrollo de la investigación la Fiscalía estableció que mediante la creación de 24 empresas de fachada, supuesta explotación de caucho, a finales de 2005, Ramírez Murillo obtuvo la asignación de 30 mil 235 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Financiación Agropecuaria, Finnagro. Tales dineros fueron canalizados por medio del Fondo de Ganaderos del Caquetá, cuyo gerente era Carlos Alberto Bustos Rodríguez, quien colaboró para la asignación de tales recursos.
La Fiscalía también subrayó que las empresas creadas por alias Micky Ramírez no cumplían con los requisitos exigidos y no tenían experiencia en la explotación del caucho.
Para la creación de varias de sus empresas Ramírez Murillo designó como gerente a su escolta Daymer Barbosa, actualmente privado de la libertad en la cárcel de Zipaquirá (Cundinamarca).
En desarrollo de la audiencia pública la Fiscalía sostuvo que la medida de aseguramiento se hacía necesaria ante el peligro que representan los imputados para la sociedad, y por la naturaleza y la gravedad de los delitos por los que deben responder, así como por los antecedentes penales que tienen.
A Bustos Rodríguez, quien gozaba de libertad, la jueza lo remitió a La Picota, por lo que fue capturado y conducido a ese centro carcelario al terminar la diligencia.
Tanto Ramirez Murillo como Barbosa seguirán privados de la libertad en La Picota y en la cárcel de Zipaquira, respectivamente. El mencionado despacho judicial otorgó al abogado Guillermo Bautista Molles detención domiciliaria.
