Este señalado integrante de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’ estaría involucrado en las acciones violentas contra la población civil y representantes de las comunidades en los municipios del norte del departamento.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sebastián Chavarría Mazo, alias Guacha, un presunto integrante de la estructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en el secuestro y posterior asesinato del líder social, Ricardo Antonio Valderrama García, ocurrido en el 17 de octubre de 2022, en Ituango (Antioquia).
Las evidencias dan cuenta de que esta persona hizo parte del grupo armado que ingresó a una finca de la vereda El Mandarino y se llevó a la víctima en contra de su voluntad a un inmueble ubicado en el sector Monte Alto, donde permaneció retenida durante seis días.
Finalmente, alias Guacha y los demás hombres que habrían participado en la acción criminal le dispararon al líder social y le causaron la muerte. El homicidio estaría relacionado con las presiones violentas del ‘Clan del Golfo’ contra los pobladores y los representantes de las comunidades que se oponían al cobro de extorsiones, venta de estupefacientes y otros conductas delictivas en el norte de Antioquia.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Chavarría Mazo los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/AAAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
