Con las actividades delictivas habrían obtenido ganancias ilícitas superiores a los 2.000 millones de pesos anuales.
Los actos investigativos desplegados por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red de explotación infantil que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para ejercer prácticas de mendicidad en parques y otros lugares públicos de Medellín (Antioquia).
Ocho personas que estarían involucradas en estas prácticas ilícitas fueron presentadas ante un juez penal de control de garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados.
Los procesados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Medellín, con apoyo de la Policía Nacional, esta red habría utilizado a menores de edad de la etnia Embera Katío, que no superaban los cinco años, para abordar a turistas nacionales y extranjeros, y pedirles elementos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales.
Posteriormente, los artículos eran revendidos en droguerías y otros establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado. De esta manera, la red alcanzaba a percibir mensualmente hasta 180 millones de pesos, producto de la comercialización de los productos y el dinero en efectivo que recibían los niños indígenas.
Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, en el curso de la investigación se logró el restablecimiento de derechos a los menores de edad involucrados en más de 900 casos ocurridos durante los últimos dos años. Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que estarían involucradas en el entramado de explotación infantil.
Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que López Sánchez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
LFML/AMCJ/RFT/DSM/JARG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
