La procesada habría participado en acciones de utilización ilegal de una adolescente de 16 años para un componente armado que tiene injerencia en Cauca.
En desarrollo de la estrategia investigativa contra el reclutamiento de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.
Uno de los eventos delictivos que se le atribuye está relacionado con el reclutamiento forzado de una adolescente de 16 años, quien fue contactada en Piendamó (Cauca) por un hombre que le ofreció una supuesta oportunidad laboral. La menor de edad aceptó la propuesta y fue trasladada a la vereda Pedregosa, en jurisdicción de Cajibío (Cauca). Allí habría sido utilizada por la hoy procesada y su compañero sentimental, quien sería cabecilla del grupo armado ilegal.
El material probatorio recaudado indica que la joven permaneció durante varios días en un inmueble y fue trasladada a zonas de injerencia de la Jaime Martínez para participar en reuniones. Posteriormente, y para evitar que los familiares la ubicaran, fue enviada a una zona campamentaria en Morales (Cauca).
Por estos hechos, Domínguez Hermosa fue capturada en una diligencia realizada de manera articulada con la Policía Nacional en Popayán (Cauca). Un fiscal de la Seccional Cauca la presentó ante juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito.
La procesada no aceptó el cargo y fue afectada con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
