Un fiscal de la Seccional Caquetá les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2024 y junio de 2025, cuando se evidenció la existencia de un grupo, conformado por lo menos por 9 personas, que se desempeñaban con roles definidos y tenían vocación de permanencia en el tiempo. Al parecer, se concertaron para cometer hurtos de motocicletas de alto cilindraje; las cuales, después serían comercializadas en Cartagena del Chairá y la vereda La Unión Peneya de La Montañita (Caquetá).
Los procesados están vinculados en 11 eventos delictivos, en los cuales la mayoría de víctimas fueron mujeres, algunas menores de edad, a quienes las despojaron de sus vehículos bajo la modalidad de halado. En uno de los casos, el hurto fue de manera violenta.
Se trata de Mauricio Quintero López, quien era el cabecilla del grupo; Andrés Sierra Ramírez; Andrés Felipe Ramos Gómez, y José Ricardo Oviedo Godoy, quienes serían los ejecutores de los hurtos violentando los sistemas de seguridad e intimidando a la gente para despojarlos de sus bienes. A estos hombres les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por su parte, a Yina Marcela Cabrera Osorio, le fue impuesta medida de aseguramiento de detención domiciliaria, ella, al parecer, se desempeñaba como campanera, además de guardar las motos en su residencia.
Servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, realizaron las capturas durante el desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, realizadas en Florencia, La Montañita (Caquetá), y Garzón (Huila).
PAAM/LMFO/LABB/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
