La investigación permitió evidenciar que el cabecilla de este actuar criminal sería alias El Indio, quien se encuentra recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar).
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Usurpadores’, dedicado a extorsionar a varias familias en el barrio Torres de Nueva Castilla de Ibagué (Tolima).
Un fiscal Gaula de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión consumada y en grado de tentativa. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Durante el desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, realizadas por el Gaula de la Policía Nacional, en inmuebles ubicados en los barrios Nueva Castilla y Villa Cindy de Ibagué, se lograron las capturas de Daniel Vargas Ovalle, alias El Chatarrero; Ricardo Antonio Estrada Valencia, alias El Reciclador; y Andrés Estiven Celemín, alias El Gordo o El Paisa. Además, se logró la incautación de un arma traumática, celulares, dinero en efectivo y documentos con información de las víctimas.
Con la investigación se evidenció que los hoy procesados, al parecer, llegaban al lugar de los hechos, donde les entregaban un celular a las víctimas, para que, por medio de videollamada, alias El Indio, recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar), los amedrantara y exigiera el pago de 20 millones de pesos, a cambio de no atentar contra sus vidas o desalojarlos de sus viviendas.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
