Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis presuntos integrantes de la red criminal ‘Los Black Gold II’, sería los encargados de ejercer el dominio territorial para el narcomenudeo en los barrios Olaya Herrera, La Amistad, San Bernardo, Las Camelias, Los Machines y Oro Negro de Neiva (Huila).
Se trata de Daniel José Álvarez Rodríguez, alias Daniel; Faber Alexis Álvarez Rodríguez, alias Jhon; Alexandra Hernández Restrepo, alias Alexandra; Eduar Mauricio Tovar, alias Marruco o Marruquito; Jorge Andrés Chaux Aldana, alias Chaux y Yuli Milena Giraldo Bonilla, alias Yuli.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Huila les imputó, según su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, tentativa de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, se logró evidenciar que, este grupo delincuencial, sería el responsable del homicidio de un hombre, el pasado 20 de febrero, en vía pública del barrio Sector Barreiro de Neiva, quien falleció en el lugar de los hechos.
Además, también habrían atacado con arma de fuego de otras dos personas, en hechos diferentes, ocurridos en septiembre de 2023 y diciembre de 2024 en el barrio Las Palmas y El Triunfo.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Tarqui y Neiva (Huila), Cali (Valle del Cauca), y Florencia (Caquetá). Durante los operativos se incautaron seis celulares.
WAGG/LMFO/AA/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
