La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliecer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón.
Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.
Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019. Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.
Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta). Se trata de 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, 3 sociedades y 1 establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos. Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del Ejército Nacional.
La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
