Los dueños de las propiedades son señalados de incumplir el deber de velar por el uso legal de los inmuebles y permitir que estuvieran al servicio de estructura delincuenciales que tiene injerencia en el sector.

La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción del derecho de dominio seis casas ubicadas en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que habrían sido utilizados para la venta de estupefacientes al menudeo y el almacenamiento de armas de fuego, munición de diferente calibre y granadas de fragmentación.

En varias diligencias de registro y allanamiento realizadas en los inmuebles fueron incautadas diversas cantidades de cocaína, bazuco y marihuana; así como revólveres, pistolas y artefactos explosivos, y ejecutadas capturas en situación de flagrancia.

Ante esta situación los propietarios de los bienes continuaron arrendando los predios a integrantes de grupos delincuenciales que tienen injerencia en el sector y no ejercieron acciones para evitar que fueran destinados para actividades ilícitas.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre las seis casas, las cuales fueron materializadas por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los predios, que en valor ascienden a 2.000 millones de pesos, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

FAGH/JARG/SC/JIC/DEED/ALTR

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.