La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Panaderos que estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes en lugares públicos en Viotá (Cundinamarca).
Entre los judicializados están Catherine Roa Sabogal, Daniela Fernanda Gómez Núñez, Erick Jair Reyes Ratativa y Johan Estibenzon Escobar Sánchez, quienes cumplían la función de expendedores en la modalidad de puntos fijos y entregas a domicilio.
Otra persona capturada fue identificada como Yulián Camilo Torres Villabon, de 18 años, quien, al parecer, instrumentalizaba a menores edades para distribuir las sustancias psicoactivas y no despertar sospechas de las autoridades.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, ilícitos como concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Cargos no fueron aceptados.
Las actividades investigativas detectaron que, desde el 15 de enero de este año, los procesados concentraban su actividad ilícita en el centro, la calle 19 y la piscina natural municipal; donde comercializaban los alucinógenos por celular y con radios de comunicación.
En cinco diligencias de allanamiento y registro, uniformados de la Sijín hicieron efectivas las órdenes de captura, y les incautaron dos motocicletas, dos radios de comunicaciones, dos celulares, dinero en efectivo y dosis de estupefacientes.
Por disposición del juez de control de garantías los cinco procesados deberán de cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
ALGO/AMCJ/ACGC/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
