La Fiscalía General de la Nación judicializó a diez presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Repetidos, que estarían dedicados a la comercialización de autopartes robadas de vehículos de alta gama, en Cúcuta (Norte de Santander).
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir y receptación. Los investigados fueron identificados como Rafael Ricardo Fuentes Suarez, Javier Navas Ureña, John Jairo Calderón Casas, Elci Yasmin Rodríguez Mora, Ricardo Galvis Montañez, Andersson Jesús Arciniegas Cuadros, Pedro Manuel Rodríguez González, John Jairo Delgado Urbina, Edgar Jesús Arciniegas Chinchilla y Efrén Andeiro Márquez Pérez.
Tras ocho meses de investigación adelantada en articulación con la Policía Nacional se determinó que este grupo delincuencial operaba principalmente en el sector El Triángulo, ubicado en la zona del canal Bogotá, donde se comercializaban de forma ilegal autopartes como manijas de puertas, tapas de gasolina, de rines, espejos retrovisores, lunas y otros accesorios automotrices.
Durante la investigación, se evidenció que la actividad ilícita del grupo generó ingresos estimados entre 150 y 200 millones de pesos.
Los procesados fueron capturados en cinco diligencias de allanamiento y registro a casetas comerciales, ubicadas en El Triángulo, donde se incautaron 10 teléfonos celulares y más de mil autopartes de diferentes marcas de vehículos de alta gama.
En las audiencias preliminares, ante un juez con funciones de control de garantías, los procesados aceptaron su responsabilidad, y el ente juzgador les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
MPHA/AMCJ/SSQ/JWCP/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
