Las actividades investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de dos hombres y una que harían parte de un grupo delincuencial denominado Los Turcos que estaría dedicado acciones delictivas como tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
Bajo la coordinación de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Norte de Santander en articulación con la Policía Nacional fueron capturados en flagrancia Deyker Pérez, alias Torero; Keyner Orozco, alias Piolín; y Andreina Navas, alias Jari.
Estas personas fueron detenidas durante diligencias de allanamiento y registro en los barrios Virgilio Barco y Colinas de la comuna 6 de Cúcuta. En los operativos fueron incautadas una granada de fragmentación, un revólver calibre 38 mm, panfletos con mensajes extorsivos, ocho celulares y dos kilos 500 gramos de marihuana y cocaína.
De acuerdo con las investigaciones, los procesados estarían ejecutando las acciones delincuenciales cumpliendo órdenes de alias Yender, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en centro carcelario.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En audiencias preliminares los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual cumplirán en la cárcel Modelo de esta ciudad.
MPHA/AMCJ/EDBCH/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
