Las ganancias iliciticas obtenidas mediante la actividad delincuencial, superarían los 600 millones de pesos anuales.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ´Los Monopoly´ que estaría involucrado en la venta ilegal de chance y rifas en espacios públicos en Guaduas (Cundinamarca).
Se trata de Sandra Milena Rico Sabogal, Sandra Judith Pérez y Urbano Fetecua Ayala, quienes presuntamente se dedicaban a la distribución y el cobro del dinero a las personas encargadas de la comercialización.
En este sentido, una fiscal especializada de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca, les imputó los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
La investigación señala que las rifas ilegales y el chanche, al parecer, se comercializaban en el municipio por una red de vendedores, en su mayoría, personas de la tercera edad. Esta actividad dejaba ingresos ilícitos anuales a la organización por más de 600 millones de pesos y afectaban las finanzas el sector salud y las rentas departamentales.
Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por servidores de la Policía Nacional. En las acciones judiciales se logró la incautación de dinero en efectivo, 162 hojas de canche en blanco, 5.227 bonos y 1.700 boletas para rifas.
Durante las audiencias concentradas, las tres personas no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
ALGO/LFML/MCMM/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
