Se trata de un hotel, un restaurante y un parqueadero que eran utilizados para alojar y movilizar a migrantes irregulares hacia Chile, Ecuador y Perú.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres bienes que hacían parte de la infraestructura logística de una red criminal conocida como Los Gallegos, dedicada al tráfico de migrantes en el suroccidente del país.
Fueron afectados con embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión un parqueadero un hotel y un restaurante ubicados en Ipiales (Nariño). Los activos serían utilizados para alojar, ocultar y movilizar extranjeros, principalmente venezolanos, en tránsito irregular hacia Ecuador, Perú y Chile.
La Fiscalía documentó, al menos, 30 casos en los cuales los propietarios de bienes afectados con las medidas cautelares habrían recibido altas sumas por permitir la salida de buses con migrantes irregulares. En uno de los operativos, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba 31 ciudadanos quienes no portaban la documentación legal. En este caso se constató que estas personas cruzaban Colombia hacia el sur del continente.
La Fiscalía evidenció que en el hotel serían alojadas las personas en condición migratoria irregular, su propietaria tendría nexos con los cabecillas de la organización. El parqueadero servía punto de embarque de buses que salían clandestinamente hacia el puente internacional de Rumichaca y otras rutas ilegales.
La acción se cumplió de manera coordinada entre las direcciones especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de Extinción del Derecho de Dominio, impactando el patrimonio de estructuras delincuenciales que se lucran con esta actividad delictivas.
Con esta medida se busca frenar la utilización de bienes con fines delictivos.
FAGH/SC/JIC/AMCJ/ALT/DCFC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
