Serían los encargados de gestionar tiquetes, pasaportes, visas y otros documentos para garantizar la llegada de las víctimas a territorio asiático.
En atención a los elementos de prueba obtenidos en una investigación contra una red trasnacional de trata de personas, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Ignacio Gaona Pérez y Angie Lorena Araque Manchola, propietario y empleada de una agencia de viajes, por presuntamente facilitar la salida del país de jóvenes colombianas para que fueran explotadas sexualmente en China.
Estas dos personas deberán responder en juicio como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas y tentativa de trata de personas.
Las investigaciones lideradas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que, entre junio de 2016 y octubre de 2019, habrían adquirido tiquetes y gestionado pasaportes, visas, entre otros documentos, para que cuatro mujeres captadas en Ipiales (Nariño), Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia) pudieran trasladarse a Guangzhou (China).
Las víctimas, con edades entre 19 y 25 años, aceptaron supuestas ofertas como comerciantes mayoristas, pero al llegar a territorio asiático fueron despojadas de sus pasaportes y notificadas de que debían ejercer actividades de tipo sexual en un establecimiento nocturno para cubrir una deuda por los costos del viaje y la manutención.
Tres jóvenes escaparon y con ayuda del consulado de Colombia en Guangzhou regresaron al país. En sus declaraciones indicaron que fueron maltratadas física y emocionalmente para doblegar su voluntad y acceder a los requerimientos del grupo delictivo.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/CCH/DECVDH.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
