Ante un juez especializado de Medellín, la Fiscalía General de la Nación acusó a Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, como presuntos responsables de los actos de tortura que le ocasionaron la muerte a una mujer trans cuyo nombre identitario era Sara Millerey González Borja, el pasado 4 de abril en Bello (Antioquia).
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía dan cuenta que el día de los hechos los dos procesados, en compañía de otros tres hombres, habrían retenido y conducido a la víctima hasta una casa donde la golpearon con un palo y una varilla, ocasionándole fracturas en sus extremidades superiores e inferiores y heridas de gravedad que comprometieron el abdomen, el tórax y los pulmones. Finalmente, la arrojaron a la quebrada La García.
Los hoy procesados y sus cómplices habrían constreñido a los vecinos del lugar para que no intervinieran. Horas más tarde, familiares de la mujer y personal del cuerpo oficial de bomberos la sacaron del afluente y trasladaron a un centro asistencial de Medellín, donde falleció al día siguiente por la gravedad de las lesiones.
Por todo lo anterior, una fiscal especializada de la Seccional Medellín acusó formalmente a Muñoz Gaviria y Echavarría Zapata por los delitos de homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad.
La investigación da cuenta de que el crimen estaría relacionado con el control ilegal que una red delincuencial ejercía en esa zona de Bello.
El juzgado fijó para el 26 de enero de 2026 la audiencia preparatoria.
LFML/JKQM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
