Por la muerte de cinco personas, entre ellas una menor de edad, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a un oficial, un suboficial y diez soldados del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio múltiple en persona protegida, en concurso con desaparición forzada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Los hechos motivo de investigación ocurrieron el 25 de mayo de 2005 en la vereda Porvenir del municipio de Monterrey (Casanare), donde tropas del Ejército ultimaron en supuesto combate a: Misael Álvarez Guerrero, Yuber Armando Contreras Álvarez, Berney Guerrero Bohórquez, Hilda Blanca Cruz Montejo (menor de edad) y Nelson Enrique Arias Ramírez.

La resolución de acusación cobija a: José Francisco Bustamante de la Cruz, teniente coronel, Rubén Darío Saavedra Rincón, sargento segundo, Nilson Gómez Jiménez, Ariosto Segura Guanay, José Elacio Rincón Pérez, José Alexander López Gutiérrez, Neptalí Ovejero, Jorge Alexander Vargas Barrera, Erasmo Ortiz Naranjo, Javier Chanchi Pedroza, Melquis Segua y Ramiro Comayán Barrera, soldados profesionales, como coautores y cómplices de los delitos mencionados.

El oficial Bustamante de la Cruz y el suboficial Saavedra Rincón fueron capturados en las últimas horas por miembros del CTI de Villavicencio y se encuentran privados de la libertad en el Batallón de Policía Militar No. 13 en Bogotá.

TRES ACUSADOS

En otro proceso, igualmente a cargo de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, fue acusado el coronel Wilmer Eliécer Gómez Núñez, comandante del Gaula del Ejército, adscrito al Batallón Cartagena, como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal.

Así mismo, por el primero de esos punibles la Fiscalía acusó a: Wilson Otavo Otavo, sargento segundo, y Eduar Fabián Ramírez Cifuentes, soldado profesional.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 8 de junio de 2004 en el municipio de Manaure (Guajira), donde tropas regulares en supuesto choque armado con subversivos ultimaron a: Héctor Eduardo Gómez y Belisario Uriana Gómez, miembros de la etnia Wayuu.

El fiscal instructor estableció que no hubo combate y que las víctimas no pertenecían a la insurgencia. Los tres procesados están privados de la libertad.