La Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó ante un juez de conocimiento a tres funcionarios de nivel técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por la adjudicación de contratos de manera irregular de la fase III de Transmilenio, dentro del llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
En la audiencia de formulación de acusación fue llamada a juicio María Natalia Laurens como presunta responsable por el delito de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Asimismo, el ingeniero Aldemar Cortés Salinas fue acusado por el delito de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo con prevaricato por acción y omisión e interés indebido en la celebración de los contratos 071 y 072 en beneficio de los también procesados Héctor Julio Gómez y Mauricio Galofre en 2008.
Por los delitos de prevaricato por omisión en concurso homogéneo con contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por la forma como supervisó el trámite de las consultorías de los contratos 129, 135 y 138 adjudicados entre el 2005 al 2008, también irá a juicio Luis Esteba Prada Bretón.
