Uno de los vinculados, Elder José Arteaga Hernández, también estaría implicado en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; y a David Acosta Díaz, como presuntos responsables del crimen de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia).
La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento de comercio.
Las labores investigativas evidenciaron que, días antes de los hechos, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos.
Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
Arteaga Hernández actualmente está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Por su parte, Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías (Meta) por otro proceso que se adelanta en su contra.
Por el asesinato del ciudadano mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión, y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
