Las actuaciones irregulares que se les atribuyen garantizaron la renovación de la licencia de funcionamiento de la EPS y evitaron una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe; al exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez, por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022.
En el curso de la investigación fueron identificadas 3’419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse. De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes.
La información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba pérdidas año tras año.
Por todo lo anterior, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Adicionalmente, a Cardona Uribe se le atribuye el delito de peculado por apropiación.
La audiencia preparatoria de juicio iniciará el próximo 23 de febrero.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/JG/MO/DECC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
