Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, habría coordinado las acciones previas y posteriores al crimen, y definido los roles que cumplieron los demás implicados.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, por su posible responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Arteaga Hernández es señalado de articular el plan ilegal y definir los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque armado. Para esto presuntamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad.
Alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado. Los elementos materiales probatorios indican que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y de seguir de cerca la ejecución de la acción criminal.
En ese sentido, Arteaga Hernández deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay la Fiscalía ha vinculado a nueve personas, una de ellas fue condenada mediante preacuerdo y el adolescente que disparó contra la víctima recibió sanción en los términos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
