En el curso de la investigación se estableció que, además de ejercer violencia física, habría abusado sexualmente de uno de los niños, un bebé de un año.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al presunto responsable de agredir a sus dos hijastros y causarle la muerte a uno de ellos el pasado 20 de enero en un inmueble del barrio María Paz de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la mamá de los menores de edad salió a trabajar y le confió a su pareja el cuidado. El hombre, que acababa de llegar a la vivienda en estado de alicoramiento, habría reaccionado violentamente y golpeado a los niños en varias partes del cuerpo porque no paraban de llorar. Posteriormente, se fue del lugar dejando a las víctimas encerradas.
El niño de tres años quedó herido y fue trasladado a un centro asistencial; mientras que su hermano, un bebé de un año, murió. Las valoraciones hechas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dan cuenta de que, además de los traumas físicos ocasionados, el niño menor fue sometido a actividades de tipo sexual.
Tres días después de lo sucedido, y gracias al trabajo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, el posible responsable fue capturado en un puesto de tránsito y transporte ubicado en una vía que conduce a Valledupar (Cesar).
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) acusó al señalado agresor por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y acto sexual agravado.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
