Luis Alberto Ortega Durango hizo parte del grupo armado que le causó la muerte a ocho personas, entre ellas tres menores de edad.
La Fiscalía General de la Nación acusó a Luis Alberto Ortega Durango, alias Satanás, por su presunta participación en dos acciones armadas perpetradas el 24 de febrero de 2005 en San José de Apartadó (Antioquia) y la vereda La Resbalosa de Tierra Alta (Córdoba), en las que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores de edad de 11, 5 y 2 años.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos llamó a juicio y ratificó la medida de aseguramiento intramural impuesta para alias Satanás por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
Ortega Durango habría hecho parte de una estructura del autodenominado bloque Héroes de Tolová de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que incursionó en San José de Apartadó y le causó la muerte a dos adultos y un niño de 11 años; y posteriormente se trasladó a la vereda La Resbalosa, donde le disparó a cuatro integrantes de una familia, los dos padres y los dos hijos de 2 y 5 años, y a un hombre señalado equivocadamente de ser auxiliador de otra organización armada ilegal que tenía injerencia en la región.
El exparamilitar fue capturado el 3 de diciembre de 2024 en Arauca. Fue escuchado en indagatoria dos días después y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario el 12 de diciembre del mismo año. Este proceso se sigue en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal colombiano).
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/AMCJ/AJPV/DECVDH/JARG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
