El exmandatario habría omitido sus deberes de control y vigilancia sobre la contratación pública.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto la adquisición y entrega de juguetes para niños de escasos recursos del departamento, suscrito en agosto de 2007, por un valor superior a los 650 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, se habrían presentado varias anomalías en la planeación, celebración y ejecución del mencionado contrato, las cuales no fueron advertidas por el entonces mandatario. En ese sentido, es señalado de omitir su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.
Las evidencias dan cuenta de inconsistencias en la fase precontractual como estudios previos incompletos, ausencia de un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían, y falta de claridad sobre la necesidad de avanzar en el proyecto.
Además, tampoco se abrió licitación pública y fue seleccionado directamente una fundación que no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas.
En lo que respecta a la ejecución se conoció que el contratista entregó 36.000 de los 130.000 juguetes que debía suministrar. A esto se suma un modificatorio que se hizo para aumentar el valor de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos. Esto le permitió a la fundación apoderarse de 416 millones de pesos.
Por todo lo anterior, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
LMFO/JARG/DYNA/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
