Un oficial, cinco soldados profesionales y un informante fueron acusados por un fiscal de Derechos Humanos y DIH como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, tortura, y tortura en persona protegida.
La investigación se remonta al 27 de abril de 2004, cuando en la vereda La Pipiola, jurisdicción del municipio de Tarazá (Antioquia), militares adscritos a la IV Brigada del Ejército en supuesto combate ultimaron a Nefer Ney Jaramillo Jarsy y Julio César Cardona Jiménez, que fueron presentados como extorsionistas de autodefensas.
En desarrollo de la instrucción el fiscal del caso recaudó material probatorio que le permitió desestimar la ocurrencia de encuentro armado.
En su providencia el funcionario judicial acusó a: César Augusto Tavera Cardona, teniente coronel; Horacio Durango Benítez, John Edgar úsuga Muñoz, Rubén Darío Chavarría González, Gilberto de Jesús Pérez Pino, y José Horacio Guisao Rojas, soldados profesionales; y Edward Antonio Hernández, infromante.
Todos los procesados están privados de la libertad.
