Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción acusó a la ex directora de Foncolpuertos, María Piedad Mosquera Astorquiza, al ex secretario general de la misma entidad, Rafael Antonio Vélez Sánchez, y a los abogados Oscar Leonardo Peña González, Luz Marina Campo Hernández y Marcelina Cundumí Díaz, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación, entre septiembre y diciembre de 1998, Foncolpuertos, representada en las conciliaciones por Mosquera Astorquiza y Vélez Sánchez, habría autorizado el pago de prestaciones sociales supuestamente no reconocidas a ex trabajadores de Puertos de Colombia por un poco más de 23 mil 679 millones de pesos.
El fiscal del caso determinó que los ex trabajadores beneficiados no tenían derecho a los reajustes salariales que se les otorgaron y, además, encontró que Foncolpuertos reconoció sanciones de mora, intereses e indemnizaciones que se pagaron hasta tres veces por el mismo factor salarial.
