Es señalada de mover en vehículos oficiales 3.000 millones de pesos, que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso de la República por el direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.
Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez.
Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD, que iban a ser destinados para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.
La audiencia preparatoria de juicio comenzará el próximo 19 noviembre.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MCPG/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
