El centro ilegal de sacrificio funcionaba en Cartago (Valle del Cauca). La carne obtenida y comercializada representaba riesgo para la salud de los consumidores.
Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) logró la judicialización de cuatro personas que, al parecer, operaban un matadero clandestino de cerdos que no cumplía con las condiciones de salubridad ni reunía los requisitos básicos de cuidado de los porcinos.
En diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía y realizada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble de Cartago (Valle del Cauca), se constató que los cerdos eran sometidos a situaciones adversas y de estrés durante varios días. Posteriormente, eran sacrificados mediante métodos artesanales y en lugares no aptos para esta actividad.
El material de prueba da cuenta de que la carne obtenida en este matadero no sería apta para el consumo humano. Al parecer, no cumplía los requerimientos sanitarios exigidos para cualquier alimento, su traslado y comercialización se hacía sin conservar la cadena de frío, y no tenía autorización de las autoridades de salud o registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
De otra parte, las entidades ambientales de Cartago y del departamento emitieron concepto desfavorable, en el entendido de que detectaron vertimientos indebidos, y manejo inadecuado de los residuos y lixiviados provenientes del sacrificio.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro presuntos responsables de la actividad ilegal los delitos de: maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos. Los procesados son: José Alexander Ocampo Ruiz, Rubén Darío Zuleta Bermúdez, Marco Antonio Bedoya Sánchez y Oswaldo Rendón Pedraza.
La Fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/MCA/AG/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
