En tiempo récord se avanzó en el esclarecimiento de casos de connotación nacional como ‘Centros Poblados’ y ‘corrupción en el Sistema de Salud en Cauca’.
La Fiscalía General de la Nación intensificó su labor investigativa y actuó con determinación para lograr la judicialización de los señalados responsables de actos de corrupción, tanto en el sector público y como en el privado.
Gracias a la contundencia del material probatorio obtenido, la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo 372 sentencias condenatorias en 2021, producto de una nueva estrategia dispuesta para dinamizar procesos que estaban rezagados o requerían una rápida intervención por su complejidad.
De igual manera, en un trabajo articulado con las diferentes seccionales, fueron capturadas 446 personas, 322 más que el año anterior; y se realizaron 1.344 imputaciones, cerca de 200 más que en 2020.
La mayor cantidad de resultados se registró en la Costa Atlántica. En esta región hubo 139 capturas y 227 imputaciones.
Respecto a las investigaciones priorizadas, se avanzó con inmediatez en su esclarecimiento. En menos de 60 días se lograron capturas, imputaciones y medidas de aseguramiento en casos como el millonario proceso de contratación entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados; el proceso de posible venta de información a estructuras criminales en el CTI Nariño; y Asmet Salud EPS, entre otros.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/EAC/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.