• Esta administración adelantó un estudio de las necesidades y prioridades en materia de género y enfoque diferencial de la entidad que tuvo en cuenta el marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres, las deficiencias en el servicio observadas por las usuarias, los informes de organismos públicos nacionales e internacionales y de las ONG que trabajan en el área de género y justicia, así como las propuestas de las diversas dependencias de la entidad y de las fiscalías seccionales. Como resultado de lo anterior se diseñó la Política de Igualdad y No Discriminación de la Fiscalía General de la Nación que será divulgada próximamente.
• Fue definido el mapa de cooperación internacional en materia de género, lo cual permitirá contar con recursos para elaborar protocolos de investigación judicial y atención a usuarias y usuarios con enfoque diferencial, además de capacitar, de manera prioritaria, a los funcionarios que conocen los casos de violencia contra las mujeres y a los receptores de las denuncias.
• Se diseñan los módulos de capacitación en delitos de género y la estrategia de la misma.
• Para cumplir el propósito de impulsar las investigaciones de delitos contra las mujeres, la estructura institucional fue adaptada. En este sentido, el Comité de Género está siendo rediseñado para armonizarlo con los fines de la Política de Igualdad y No Discriminación de la Fiscalía General. Mientras tanto, un grupo de fiscales, asesores, investigadores y funcionarios administrativos de la entidad, con formación en género, articula y da alcance a las estrategias de la política. El grupo también es instancia de coordinación para las cuestiones relacionadas con la ejecución de la misma política.
• La entidad trabaja en la elaboración de protocolos de investigación de la violencia sexual.
Lo anterior demuestra que los funcionarios de la entidad realizan significativos esfuerzos para investigar los hechos de violencia contra las mujeres, como lo indican las acciones y las experiencias reseñadas en la respuesta al informe de Amnistía Internacional titulado: ‘Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia’. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia[1].
