Las diligencias se cumplieron en Cumbitara (Nariño). En el lugar se encontró una importante cantidad de insumos líquidos y sólidos, y maquinaria para la producción de estupefacientes a gran escala.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación para bloquear los corredores de la criminalidad organizada e impactar sus rentas ilícitas permitieron detectar dos complejos narcotraficantes, en zona rural de Cumbitara (Nariño), que pertenecerían a la autodenominada columna móvil Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
Funcionarios del Grupo de Investigaciones Especiales del CTI, en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, y con apoyo de la agencia estadounidense DEA, llegaron a los dos laboratorios destinados a la producción de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban ubicados en un área boscosa, montañosa y conectada por trochas.
En las verificaciones se incautaron 4.554 kilogramos de cocaína, 948 kilogramos de pasta base de coca, 440 galones de combustible, 12.949 galones de insumos químicos, 625 kilogramos de insumos sólidos y la maquinaria necesaria para mantener una producción de estupefacientes a gran escala.
Estas dos estructuras estaban dotadas de plantas eléctricas, cocinas con cerca de media tonelada de alimentos y dormitorios.
Con este resultado se afectan las finanzas de los grupos disidentes de las Farc en algo más de 5.7 millones de dólares. De acuerdo con los elementos de prueba, la cocaína producida en estos dos complejos era trasladada al Pacífico nariñense y enviada en lanchas rápidas a destinos internacionales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/CMR/AAQ/CTI
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
