El hombre también ofreció entregar unas prendas de oro a las autoridades buscando evadir su judicialización.  

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena bastaron para que un juez de conocimiento condenara a tres años de prisión a Jhon Esteban Rodríguez Ibáñez, como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tentativa de violación de datos personales.

La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos el 15 de febrero del 2021 en el barrio Bocagrande de Cartagena donde el condenado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional cuando, al parecer, intentaba alterar un cajero automático para apoderarse de la tarjeta débito de un usuario que minutos antes había intentado sacar dinero.

Tras su detención, por parte de la Policía Nacional, las autoridades encontraron en poder de Rodríguez Ibáñez 11 tarjetas de diferentes personas y de distintos bancos.

Adelantada la investigación, se logró establecer que el procesado de 30 años de edad, les habría ofrecido a los agentes de la Policía una cadena y dos anillos de oro para evitar ser judicializado.

El procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y realizó un preacuerdo con la entidad investigadora.

A demás de la condena impuesta el procesado, deberá pagar una multa de 40 salarios mínimos legales.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

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MEVA/MAGA/LG/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.