Las pruebas aportadas por una fiscal de la Seccional Córdoba fueron suficientes para que un juez de control de garantías asegurara en centro carcelario a un hombre de 21 años, presuntamente, responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 21 de octubre en la vereda La Claval, jurisdicción de Montería donde el procesado presuntamente con arma blanca lesionó a su compañera sentimental, de 18 años.
Adelantado el proceso, se estableció que el supuesto implicado con el mismo cuchillo también le habría cortado el cabello a su pareja y que esas agresiones se realizaban según parece, de manera continuada. Los maltratos físicos, verbales y sicológicos se presentaron aparentemente durante el año en que la pareja convivió.
Según se logró determinar, el hombre igualmente habría mantenido a la mujer encerrada por espacio de tres días, tiempo durante el cual, según parece no le suministró alimentos, pero la mantenía bajo efectos de sustancias estupefacientes.
Labores de Policía Judicial determinaron que la mujer, presumiblemente, padece trastornos siquiátricos y depresión. Así mismo se cree que la víctima era intimidada por el posible agresor, quien le decía que la amenazaba si lo denunciaba.
El investigado fue capturado por uniformados del CTI y de la Policía Nacional, el pasado 8 de noviembre en el sector de ranchos del Inat en la capital de Córdoba.
Durante las audiencias concentradas el procesado negó los cargos en su contra. Su reclusión se llevará a cabo en un centro carcelario de Montería.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MAGA/SN/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
