Tres presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los PC’ fueron cobijados con medida de aseguramiento carcelaria por un juez de control de garantías de Popayán (Cauca).

Se trata de Juan Manuel Riascos Valencia, Brayan Stiven Riscos Valencia y Álvaro Derian Camayo Chilito, aparentemente, relacionados con al menos tres hurtos ocurridos en el tramo Cali – Popayán, vía Panamericana, y los cuales habrían sido cometidos bajo la modalidad de piratería terrestre.

Juan Manuel Riascos Valencia, Brayan Stiven Riscos Valencia y Álvaro Derian Camayo Chilito, judicializados por piratería terrestre, en Popayán (Cauca).

De acuerdo con la investigación, coordinada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Cauca, ‘Los PC’ serían los responsables de asaltar varios camiones de empresas distribuidoras de alimentos.

El material  de prueba recopilado evidenció como los vehículos eran seguidos por integrantes de la organización ilegal y, posteriormente, eran interceptados y saqueados.

La investigación permitió establecer cómo los procesados, al parecer,  intimidan a los conductores con armas de fuego y tras realizar tiros al aire los obligaban a desviar sus rutas. En lugares solitarios los conductores eran abandonados al igual que los vehículos.

Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de investigadores el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional que en diligencias de registro y allanamiento detuvieron a los procesados.

La Fiscalía imputó a los capturados el delito de hurto calificado agravado, en la modalidad de piratería terrestre.

Esta información se publica por considerarla de interés general.

MAP/MAGA/GAMM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.