De acuerdo con el ente investigador los capturados fueron hallados con armas de fuego, marihuana y cocaína. También se les incautaron dos celulares.
Labores investigativas adelantadas por un fiscal seccional fueron suficientes para que un juez avalara la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de Ronald Manuel Núñez Pérez, Kelly Johana Antequera Hernández y Omar José Olivera Monterroza por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Según la Fiscalía los indiciados fueron hallados con un revólver calibre 38 con 6 cartuchos en el tambor, cuatro paquetes sellados que tendrían marihuana y un paquete sellado con cocaína.
La detención en flagrancia se dio el 5 de marzo del año en curso por funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el barrio El Progreso, en Sincelejo.
Hasta allí llegaron a realizar diligencias de allanamiento y registro gracias a la información de una fuente humana quien denunció que en la vivienda, donde se produjo la detención, se habrían dedicado al comercio de estupefacientes.
Al parecer, los imputados llevarían por lo menos 6 meses en esa actividad ilícita. Aunque no aceptaron los cargos imputados, un juez los envió a prisión. Además, se les incautaron dos celulares en los operativos.
De acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación encargada, Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana se continuará trabajando para resolver los casos de delitos priorizados.
La Fiscalía habla con resultados.
VHGB/FAGH/HV/FSJ/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
