Los imputados, según el expediente, serían los encargados de exigir dinero e intimidar mediante amenazas a comerciantes y trabajadores de obra, entre otras víctimas.
Luego del contundente material probatorio presentado por un fiscal local Gaula un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Daladier de Jesús Guerra Flórez, Antonio Manuel Tapias Misas, José Francisco Velásquez Córdoba, Víctor Alfonso Murillo Córdoba, John Alexánder Montes Gutiérrez y Deivis David Díaz Vergara por el delito de concierto para delinquir agravado.
Al interior del proceso se estableció que los imputados, al parecer, pertenecerían al Clan del Golfo y se dedicarían a intimidar a comerciantes, pagadiarios, y trabajadores de obras de construcción, en Montería, exigiéndoles dinero bajo amenazas de muerte y de no permitirles trabajar. Estas exigencias de dinero serían periódicas. A su vez, se investiga si determinarían homicidios.
Los hechos materia de investigación se presentaron entre mayo de 2021 y octubre de 2023. Incluso se presume que los indiciados estaban debidamente organizados bajo una línea de mando.
Los indiciados, al parecer, pedían a las empresas con obras civiles en construcción entre el 1 y el 3 por ciento sobre el valor del proyecto, a los ‘pagadiarios’ les cobraban de entrada entre 1 a 5 millones de pesos y mensualidades de 200 mil por cada ruta de cobro que tuviera el prestamista
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula de la Policía Nacional materializaron seis órdenes de captura, en dos diligencias de allanamiento y registro y tres más en vía pública el 22 de febrero del año en curso. En las operaciones se incautaron ocho celulares.
Aunque no aceptaron los cargos endilgados un juez penal municipal ambulante de Montería los envió a prisión.
La Fiscalía habla con resultados.
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VHGB/FAGH/LHG/CTVT/GAULA/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
